Justicia Electoral

y por tanto permita su postulación en las ”las próximas elecciones regionales a realizarse en el mes de Octubre”, con lo cual el proceso electoral de la región Arequipa no solo estará sometido a la millonaria campaña publicitaria, sino que además estará ventilada en los tribunales jurisdiccionales y de justicia electoral, lo cual ensombrecerá el proceso democrático regional. Veamos.

La Constitución Política del Perú establece que compete al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “administrar justicia en material electoral” (Art. 178.4), disponiendo además que en “materia electorales, de referéndum, o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno” (Art. 181). En este marco competencial, el JNE publicó la Resolución N° 272-2014, por la cual se aprueba el “Reglamento de Inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones regionales”.

El Artículo 22 de dicho Reglamento, señala en su inciso f), que para ser candidatos a cargos regionales no se debe estar incurso, en los impedimentos establecidos en el Artículo 14° de la Ley de Elecciones Regionales – Ley 27683 (LER), salvo se “hayan presentado las renuncias o solicitudes de licencia precisados en el artículo antes citado”.

El Artículo 14° de la LER señala claramente que “no pueden ser candidatos en las elecciones de gobiernos regionales los siguientes ciudadanos”, procediendo a enumera un conjunto de autoridades desde el Presidente de la República hasta los funcionarios públicos que administran y manejan fondo del Estado, pasando por los Ministros, el Contralor de la República, magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, militares y demás funcionarios públicos con excepción de uno: los congresista. ¿Por qué? Porque para el Congreso de la República que aprobó esta ley el mandato legislativo es irrenunciable (Art. 95).

Sobre este marco jurídico, se pueden construir un conjunto de interpretaciones, tal es el caso de la Resolución del Sétimo Juzgado. Sin embargo, afirmar que, sea cual fuera la resolución final del proceso, no se estaría “causado perjuicio ilegítimo al próximo proceso electoral” resulta poco diligente, dado que nos encontramos ante una inscripción avalada por una resolución judicial, cuando la calidad de candidato la dan el proceso de elecciones primarias de cada una de las organizaciones políticas inscritas.

Ahora bien, tenemos varios escenarios al corto plazo. El Jurado Electoral Especial puede rechazar la inscripción en base a la legislación electoral, o en su defecto proceder con la inscripción. En ambos casos la resolución será impugnada, y ello motivará el pronunciamiento final del JNE en la ciudad de Lima, lo cual esperemos que sea por lo menos antes de setiembre. Sin embargo, el mayor perjudicado en este proceso termina siendo el propio ciudadano, ya sea por no ver cristalizada su expectativa con respecto a su candidato, o por no saber exactamente quien será los candidatos finales hasta semanas antes del momento del sufragio.

Lo cierto es que en la jungla política peruana, todo puede ocurrir y no sería la primera vez de cuando el Poder Judicial, cobra un protagonismo exagerado en desmedro de la democracia y atentando contra la débil institucionalidad política peruana.

Angel María Manrique Linares